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Addis Abeba (Agencia Fides) - La lenta aplicación del Acuerdo de Cese Permanente de Hostilidades (CoHA) entre el gobierno de Etiopía y el Tigray People's Liberation Front (TPLF) firmado en Pretoria el 02 de noviembre de 2022, sigue alimentando la preocupación por la continua violación de los derechos humanos en la región norte del país.
A las voces sobre esta situación que sigue siendo grave se añade una carta abierta dirigida a los miembros de la Unión Africana. Difundida por fuentes locales, la nota denuncia ejecuciones de civiles, secuestros de jóvenes tigrinos, asedios, saqueos y destrucción de bienes.
Aunque en la carta se aprecia el gran compromiso de las partes para llevar la paz al territorio, también se lamenta el silencio ante las aparentes violaciones del acuerdo, incluida la presencia de fuerzas de Amhara y Eritrea y lo que parece ser una obstrucción sistemática del acceso humanitario.
Han pasado casi tres meses (véase Agencia Fides 3/11/2022) y las principales promesas contenidas en el acuerdo parecen seguir en stand-by. Las fuerzas eritreas y amharas, que mantienen el control de la mayoría de las zonas de Tigray, siguen cobrándose víctimas civiles y saqueando lo que queda. Desde la firma del acuerdo, han muerto más de 3.000 civiles, según un informe reciente. Además del número de muertos registrado, la brutalidad de los ataques ha provocado centenares de secuestros, sobre todo de habitantes de Irob y Kunama, minorías amenazadas de extinción. En varias zonas de Etiopía los prisioneros han sido asesinados; muchos siguen en centros de detención, tanto oficiales como informales.
Mientras la atención sigue centrada en el desarme de las fuerzas tigrinas, parece que se descuidan las demás disposiciones previstas. Es decir, la retirada simultánea de las Fuerzas de Defensa Nacional no etíopes de la región; la seguridad general y la protección de los civiles; el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria, incluida la facilitación del retorno y la reintegración de los desplazados internos y los refugiados; el restablecimiento de los servicios esenciales en el plazo acordado; y la introducción y el funcionamiento de un mecanismo de supervisión para informar de cualquier violación y de las medidas inmediatas que deben tomarse.
En cuanto al acceso a la ayuda humanitaria, los tigrinos necesitados sólo han recibido raciones para dos meses en los últimos 13 meses. Las personas que viven en aldeas alejadas de las carreteras principales, es decir, la mayoría, siguen siendo inaccesibles porque la distribución se limita principalmente a los residentes o a los que llegan a los asentamientos adyacentes a las carreteras principales. Muchas agencias humanitarias, incluidas las de la ONU y las ONG que trabajan en la zona, no pueden atravesar las zonas bajo el poder de los grupos armados.
Los servicios básicos, como las conexiones telefónicas, siguen siendo limitados, hay muy poco combustible y largas colas para comprar los escasos suministros disponibles. Aunque se han reanudado los vuelos nacionales (véase Agencia Fides 28/12/2022). La libre circulación está gravemente restringida; el transporte por carretera permanece cerrado y los tigrinos no pueden salir de la región. Además, Tigray sigue estando fuera del alcance de los medios de comunicación internacional e independientes.
Sin mejoras tangibles, afirmar que la situación se encuentra en un "punto de no retorno", como se ha sugerido, no sólo es trivializar el sufrimiento de millones de personas, sino también revelar una situación diferente sobre el terreno, concluye la nota enviada a la UA.
(AP) (Agencia Fides 25/1/2023)
