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Maputo (Agencia Fides) - No sólo el gas y el petróleo, sino también el grafito, componente esencial para las baterías de los coches eléctricos. La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, parece un nuevo "El Dorado" energético para un mundo cada vez más ávido de fuentes tradicionales (hidrocarburos) o renovables, a pesar de la violencia que afecta a la población local.
Estos días es noticia la huelga de los mineros en la mina Twigg de la ciudad de Balama. Los trabajadores exigen que sus salarios y su seguro médico se equiparen a los de los mineros que trabajan en otras minas de Mozambique. La mina de Balama, explotada por una empresa australiana, ha sido reconocida como estratégica por el Departamento de Energía de los Estados Unidos en el marco de la política de desvinculación de la industria estadounidense del grafito de origen chino. El grafito extraído en Balama se envía a una planta de Luisiana para ser procesado y fabricar ánodos para baterías de coches eléctricos.
En cuanto al gas natural, Mozambique tiene previsto llenar en las próximas dos semanas su primer buque de gas natural licuado (GNL) para exportarlo desde la cuenca de Rovuma, frente a la costa de la provincia de Cabo Delgado. De los tres proyectos de gas natural licuado aprobados hasta ahora, la plataforma marítima Coral Sul, alejada de la violencia armada en Cabo Delgado, será la primera en exportar gas de las mayores reservas del mundo.
La coincidencia entre el inicio de la explotación del enorme potencial minero y energético de la provincia y el comienzo de la insurgencia yihadista en 2017 no parece casual. Si la explicación más sencilla es la de una reivindicación de las poblaciones locales (en pequeña mayoría musulmanas mientras que el resto del país es 75% cristiano) para poder beneficiarse de las rentas generadas por la explotación minera, hay quienes esbozan un panorama más complejo. Entre los habitantes de Mozambique y, en particular, los de las zonas afectadas por las acciones de los yihadistas, existe la opinión común de que se trata de una estrategia deliberada y bien orquestada para expulsarlos de su tierra", afirma en una entrevista con Crux, Johan Viljoen, director del Denis Hurley Peace Institute (DHPI), promovido por la Southern African Catholic Bishops Conference (SACBC). “Nunca ha habido ninguna fricción religiosa.... No hay ningún componente religioso en esto", dice Viljoen, según el cual "la forma más fácil de sacar a la gente de la tierra es alimentar esta llamada insurgencia". "La gente tiene que huir y el permiso (que el gobierno les da para ocupar la tierra) es cancelado y la tierra puede ser entregada a las multinacionales", argumenta Viljoen, quien expresa su temor de que con la búsqueda de nuevos yacimientos de gas más al sur, la violencia se extienda en esa dirección. "Ya estamos viendo cómo la insurgencia se extiende hacia el sur en esas zonas. ¿Es una coincidencia?", concluye.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de un millón de personas se han visto obligadas a huir de la violencia en la zona en los últimos cinco años.
(L.M.) (Agencia Fides 19/10/2022)
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