ASIA/PAKISTÁN - La sociedad civil al gobierno: hay que proteger a las minorías religiosas

Lahore (Agencia Fides) – “Es alentador que el asesinato de Pooja Kumari - una niña hindú que se resistió al secuestro, a la conversión forzada y al matrimonio forzado - haya sido ampliamente condenado por la sociedad civil y por individuos en los medios de comunicación sociales y convencionales. Las organizaciones de derechos humanos han pedido a las autoridades que garanticen una investigación imparcial sobre este incidente y un proceso judicial justo”, así se afirma en un comunicado de prensa emitido por Wajahat Masood y Peter Jacob, presidente y director ejecutivo, respectivamente, del Center for Social Justice (CSJ), señalando, por otra parte, “la incapacidad del gobierno para abordar la violencia de género y la relacionada con la religión en el país”.
“Es urgente que el gobierno adopte políticas específicas y un plan de acción nacional para hacer frente al extremismo, la violencia y la persecución de las minorías”, señala el CSJ. La nota enviada a la Agencia Fides afirma: “Las conversiones forzadas violan la libertad religiosa de los ciudadanos y socavan el pluralismo religioso de Pakistán, por lo que el gobierno debe abordar y combatir la impunidad asociada a este fenómeno. Las conversiones forzadas de niñas menores de edad, especialmente cristianas e hindúes, y la violencia de género son una práctica antigua y persistente en Pakistán”.
En el último informe elaborado por el CSJ sobre las conversiones forzadas en Pakistán, enviado a la Agencia Fides, se señala que en 2021 se registraron al menos 78 casos de conversiones forzadas o involuntarias que afectaron a 39 niñas o mujeres hindúes, 38 cristianas y una sij, incluyendo; 40 casos en la provincia de Sindh, 36 en Punjab y un caso en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Belucistan.
Los dirigentes del CSJ señalan: “Los incidentes han aumentado un 80% desde 2020. En particular, el 33% de las víctimas eran menores de 14 años y el 76% de las víctimas eran menores de 18 años. Además, la edad no se menciona en el 18% de los casos, por lo que hay razones para creer que el 94% de las víctimas eran menores. El cambio de fe de las menores de edad dice mucho sobre la vulnerabilidad de las conversas y la motivación de los autores. La libertad religiosa de todos los ciudadanos está protegida por el artículo 20 de la Constitución de Pakistán, que concede la libertad de profesar una religión, por lo que es ilegal e inmoral obligar a las niñas a cambiar de fe mediante amenazas, coacciones o manipulaciones”. Y añaden: “Las niñas y las mujeres de las minorías religiosas son objeto de ataques debido a su vulnerabilidad social y material, por lo que no pueden acceder a la justicia, algo que los autores de tales crímenes utilizan para manipular el sistema judicial y salirse con la suya”.
El CSJ pide al gobierno que aplique la declaración del Tribunal Superior de Islamabad de que los matrimonios de menores de 18 años son ilegales, incluso si se celebran formalmente “por voluntad propia”. Además, la sentencia del Tribunal Federal de la Sharia establece que fijar una edad mínima legal para el matrimonio es un acto lícito y no un acto "no islámico". “Por lo tanto –se afirma - los legisladores no deberían dudar en modificar las leyes existentes para impedir los matrimonios precoces, junto con las medidas administrativas y de procedimiento para la aplicación efectiva de la protección de los ciudadanos vulnerables”, señala el CSJ.
La falta de aplicación de las leyes nacionales existentes y de los artículos del Código Penal de Pakistán (PPC) es un grave obstáculo para prevenir esta práctica: “El gobierno debe introducir medidas legales y administrativas efectivas para proteger a las minorías de los delitos relacionados con las conversiones forzadas, los matrimonios forzados con niñas y la violencia sexual en Pakistán”, concluye la declaración.
(AG-PA) (Agencia Fides 29/3/2022)

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